Las calles aún gritan tu nombre

Las calles aún gritan tu nombre

De carácter sistemática, la violencia policial ha arrasado con un largo historial de víctimas en Colombia en los ultimos 26 años. La fuerza pública ha demostrado que mantienen el orden que conviene al poder económico con violencia hacia los actores sociales con capacidad organizativa. Además, la policía sostiene la acción global de dinamizar la economía de la guerra que sostiene el orden de la necropolítica, donde la venta y compra de insumos y servicios de la guerra priman sobre cuidar la vida, las gentes y los territorios.

La mejor forma de encubrir una guerra contra el pueblo es el discurso del orden, el orden de la explotación, de la pacificación violenta. La política del «enemigo interno» disfrazada en un discurso de seguridad se ha instalado en una estrategia de perfilamiento social del jóven, del afro, del indígena, del gay, del pobre. Es una política de Estado que ha mantenido la impunidad estructural. Los crímenes cometidos y las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se han logrado documentar, como mutilaciones, amenazas, señalamientos, hostigamientos, desplazamientos, discriminaciones, extorsiones y asesinatos, entre otros, evidencian la estrategia de la política de la muerte. Amenazas, persecución e incriminación es el resultado de denunciar a estos grupos asesinos del Estado, acompañado siempre de un silencio institucional peligroso. La búsqueda de justicia no encuentra resultados, revictimizando de manera permanente a las familias y comunidades con un repertorio amplio de mecanismos de impunidad.

La Constitución política de Colombia establece que dentro de sus funciones está la defensa del orden público, la propiedad privada y la seguridad nacional. ¿El orden de quién? ¿La propiedad de quién? ¿La seguridad de quién? La brutal violencia de la fuerza pública, del ESMAD (UNDMO) particularmente, con su empleo de armas de fuego, de abuso innecesario y exagerado de gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento y con la utilización de armas artesanales proscritas para reducir y lesionar personas. Armas fabricadas por el mismo ESMAD, que incluyen papas explosivas, utilización de canicas y reutilización de las cápsulas de 37 mm de los gases lacrimógenos en un procedimiento conocido como recalzadas.

La policía es una institución perpetuadora de pobreza, desde la extorsión y persecución, en un país donde la economía informal abarca aproximadamente un 65% del empleo. El robo a los trabajadores precarizados por parte de la policía genera indirectamente, y poco a poco, el espacio para que los monopolios económicos se apropien de la pequeña economía del barrio.

Los casos de abuso sexual y acoso por parte de miembros de la policía se reconocen como un actuar histórico. Recordamos el abominable el caso de la niña Sandra Catalina Vásquez Guzmán, quien fue violada y asesinada en febrero de 1993 por un agente de la policía en la estación de Germanía en el centro de Bogotá. Aún cuando su victimario, el agente Fernando Valencia confesó, apenas cumplió una cuarta parte de la condena y salió de la cárcel en base a reformas jurídicas. En la investigación nunca se esclareció si hubo omisión o encubrimiento por parte de la institución, porque este hecho se dio dentro de la estación de policía y «nadie se dio cuenta». Por esto la familia de Sandra denuncia impunidad en el caso.

También el actuar policial frente a las ollas de micro tráfico evidencian el «orden delincuencial» que tejen sobre la ciudad, a través de redes de bandas que, con su presencia y violencia, se toman barrios y sectores populares de la ciudad dejando a la comunidad en riesgo. Un riesgo que además es normalizado y del cual la policía se lucra al cobrar un impuesto de funcionamiento.

Durante los últimos 20 años el presupuesto de la policía, así como el número de efectivos dentro de esta institución, han presentado un crecimiento significativo. A pesar de eso no se evidencian mejoras considerables en las múltiples problemáticas de seguridad que tiene el país. Por el contrario, con el aumento del presupuesto policial y pie de fuerza también ha crecido el número de denuncias frente a hechos relacionados con abuso y brutalidad policial.

Militarización histórica: normalización cultural de la violencia (1980s–2010s)

La Policía en Colombia constituye un actor que disemina las  lógicas de guerra interna. Si bien en un principio ni contaban con una formación, la ampliación progresiva de funciones, capacidades y dimensiones (culminando en el Código de Policía de 2016) han conviertido a la Policía en el administrador cotidiano del orden social. Todo ello al servicio de una minoria en poder de las fuerzas económicas y profundizando la desigualdad en escenarios de confrontación, violencia y control de poblaciones empobrecidas y racializadas.

Esta política de Estado se fundamenta en una doctrina de seguridad impuesta por los EE.UU. con el Plan Colombia y financiada mediante la USAID. Recordamos que el ESMAD hizo parte del programa de asistencia militar. De igual manera, el Reino Unido capacitó a la policia en entrenamientos contrainsurgentes contra población desarmada, instalando una arquitectura del control para un sistema que reproduce la impunidad.

Acallar a las gentes organizadas

La policía en Colombia ataca directamente a las comunidades con capacidad de organización. Pueblos originarios que luchan por la tierra, campesinos que luchan por sus derechos como productores del alimento, poblaciones afro con fuerte arraigo comunitario, barrios populares, jóvenes que luchan por los derechos…

La marginación es la violencia del Estado, que en su forma abierta es la brutalidad policial frente a la lucha contra el despojo.

En el año 2002 se creo la versión femenina de los cuerpos de choque y desde entonces golpear niños, mujeres y ancianos se justifica en los protocolos de proporcionalidad de la fuerza, desnudando el funcionamiento de la democracia.

Entre 2001 y 2006 el asesinato de estudiantes por parte del ESMAD se volvió un tema recurrente.

Carlos Giovanny Blanco, Jaime Alfonso Acosta, Harold Muñoz, Nicolás Neira, Jhonny Silva Aranguren y Oscar Salas son víctimas del ESMAD, demostrando una política de violencia sistemática contra la juventud.

En 2013, llegó la violencia contra el sector campesino durante el Paro Agrario, alzado contra la ley 970 que ilegalizaba las semillas nativas y obligaba al campesino a comprar y producir con semillas certificadas propiedad de empresas transnacionales como Syngeta, Monsanto o Cargill. Se inició un proceso de criminalización del campesinado e incautación y quema de semillas que resultó en bloqueos y marchas multitudinarias en Huila, Catatumbo, Cauca, Valle, Tolima, donde la acción del ESMAD dejó númerosas víctimas.

En 2016 se profundizó la violencia contra la poblacion campesina organizada, como respuesta a pliegos petitorios de diferentes organizaciones campesinas e indigenas frente al despojo de tierras y a los tratos comerciales que beneficiban al sector económico agroindustrial. La represión del ESMAD fue clave para profundizar la narrativa del poder en la ruralidad. Entre 2019 y 2020, aumentaron los asesinatos y desapariciones de luchadorxs sociales en el marco del Paro Nacional. Nuevamente, la organización contra las políticas económicas, sociales, ambientales y contra el recrudecimiento del conflicto, es víctima del brazo armado del poder. La brutalidad policial se convierte en una estrategia de terror generalizado a un nivel nunca visto. Recordamos los asesinatos de septiembre Negro (9 y 10 de septiembre) a plena luz del día.

En 2021 vivimos el Estallido Social como el proceso de movilización más largo en la historia del país. Fue desencadenado en el gobierno de Duque por una reforma tributaria que financiaba a la clase rica y sus empresas, en un país empobrecido en pandemia con miles de familias aguantando hambre y sin trabajo. El actuar criminal contra gente humilde, jóvenes negros e indígenas, habitantes de calle, gays y prostitutas, asociado a un orden moral hipócrita, sostiene la violencia estructural histórica, generada por la desigualdad necesaria para mantener a una pequeña minoría en el poder. Esta violencia selectiva durante el Estallido Social, se intensifica y focaliza contra la autogestión barrial en los diversos puntos de resistencia del paro. Cali fue particularmente abatida por grupos de derecha armados en contuvernio con la polícia, como en la masacre de Siloé (3 de mayo), barrio negro ejemplo de esta racialización y clasismo.

Los traumas oculares fueron estrategia de persuación. En su mayoria los sufrieron jóvenes mutilados por disparos del ESMAD. Se registraronn 103 casos según Amnistia Internacional y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Violencia sexual y estigmatización del “enemigo interno” cumple una función de disciplinamiento colectivo. Recordamos a Allison Salazar, una menor de 17 años que decide el suicidio en Popayán a raíz del trauma causado por los abusos del ESMAD (violencia sexual) el 14 de mayo de 2021. Se registraron 28 víctimas de violencia sexual según la organización Temblores.

La violencia policial es selectiva y diferenciada, y se evidencia que el uso de la violencia letal está al servicio de una voluntad disciplinadora contra el pueblo, afectando de manera desproporcionada a personas y comunidades que habitan el espacio público (vendedores ambulantes, habitantes de calle, artistas urbanos), identidades racializadas o disidentes (personas afro, indígenas, LGBTIQ+, mujeres), o personas que poseen capacidad de organización, protesta y acción colectiva (estudiantes, barristas, jóvenes, gentes organizadas).

Entre 2021 y 2022 se impuso la narrativa de la Impunidad. El desfase entre más de 21.000 casos registrados y solo 565 investigaciones abiertas por la Fiscalía muestra que la impunidad no es una falla, sino un mensaje disuasorio: denunciar no garantiza justicia y puede implicar revictimización. Esta es la cara de la arquitectura del poder, que se sienta en una política de Estado para beneficiar a un poder económico.