Fundación Nicolás NeiraRecorridos contra la brutalidad policial
Las calles aún gritan tu nombre
De carácter sistemática, la violencia policial ha arrasado con un largo historial de víctimas en Colombia en los ultimos 26 años. La fuerza pública ha demostrado que mantienen el orden que conviene al poder económico con violencia hacia los actores sociales con capacidad organizativa. Además, la policía sostiene la acción global de dinamizar la economía de la guerra que sostiene el orden de la necropolítica, donde la venta y compra de insumos y servicios de la guerra priman sobre cuidar la vida, las gentes y los territorios.
La mejor forma de encubrir una guerra contra el pueblo es el discurso del orden, el orden de la explotación, de la pacificación violenta. La política del «enemigo interno» disfrazada en un discurso de seguridad se ha instalado en una estrategia de perfilamiento social del jóven, del afro, del indígena, del gay, del pobre. Es una política de Estado que ha mantenido la impunidad estructural. Los crímenes cometidos y las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se han logrado documentar, como mutilaciones, amenazas, señalamientos, hostigamientos, desplazamientos, discriminaciones, extorsiones y asesinatos, entre otros, evidencian la estrategia de la política de la muerte. Amenazas, persecución e incriminación es el resultado de denunciar a estos grupos asesinos del Estado, acompañado siempre de un silencio institucional peligroso. La búsqueda de justicia no encuentra resultados, revictimizando de manera permanente a las familias y comunidades con un repertorio amplio de mecanismos de impunidad.
La Constitución política de Colombia establece que dentro de sus funciones está la defensa del orden público, la propiedad privada y la seguridad nacional. ¿El orden de quién? ¿La propiedad de quién? ¿La seguridad de quién? La brutal violencia de la fuerza pública, del ESMAD (UNDMO) particularmente, con su empleo de armas de fuego, de abuso innecesario y exagerado de gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento y con la utilización de armas artesanales proscritas para reducir y lesionar personas. Armas fabricadas por el mismo ESMAD, que incluyen papas explosivas, utilización de canicas y reutilización de las cápsulas de 37 mm de los gases lacrimógenos en un procedimiento conocido como recalzadas.
La policía es una institución perpetuadora de pobreza, desde la extorsión y persecución, en un país donde la economía informal abarca aproximadamente un 65% del empleo. El robo a los trabajadores precarizados por parte de la policía genera indirectamente, y poco a poco, el espacio para que los monopolios económicos se apropien de la pequeña economía del barrio.
Los casos de abuso sexual y acoso por parte de miembros de la policía se reconocen como un actuar histórico. Recordamos el abominable el caso de la niña Sandra Catalina Vásquez Guzmán, quien fue violada y asesinada en febrero de 1993 por un agente de la policía en la estación de Germanía en el centro de Bogotá. Aún cuando su victimario, el agente Fernando Valencia confesó, apenas cumplió una cuarta parte de la condena y salió de la cárcel en base a reformas jurídicas. En la investigación nunca se esclareció si hubo omisión o encubrimiento por parte de la institución, porque este hecho se dio dentro de la estación de policía y «nadie se dio cuenta». Por esto la familia de Sandra denuncia impunidad en el caso.
También el actuar policial frente a las ollas de micro tráfico evidencian el «orden delincuencial» que tejen sobre la ciudad, a través de redes de bandas que, con su presencia y violencia, se toman barrios y sectores populares de la ciudad dejando a la comunidad en riesgo. Un riesgo que además es normalizado y del cual la policía se lucra al cobrar un impuesto de funcionamiento.
Durante los últimos 20 años el presupuesto de la policía, así como el número de efectivos dentro de esta institución, han presentado un crecimiento significativo. A pesar de eso no se evidencian mejoras considerables en las múltiples problemáticas de seguridad que tiene el país. Por el contrario, con el aumento del presupuesto policial y pie de fuerza también ha crecido el número de denuncias frente a hechos relacionados con abuso y brutalidad policial.
Militarización histórica: normalización cultural de la violencia (1980s–2010s)
La Policía en Colombia constituye un actor que disemina las lógicas de guerra interna. Si bien en un principio ni contaban con una formación, la ampliación progresiva de funciones, capacidades y dimensiones (culminando en el Código de Policía de 2016) han conviertido a la Policía en el administrador cotidiano del orden social. Todo ello al servicio de una minoria en poder de las fuerzas económicas y profundizando la desigualdad en escenarios de confrontación, violencia y control de poblaciones empobrecidas y racializadas.
Esta política de Estado se fundamenta en una doctrina de seguridad impuesta por los EE.UU. con el Plan Colombia y financiada mediante la USAID. Recordamos que el ESMAD hizo parte del programa de asistencia militar. De igual manera, el Reino Unido capacitó a la policia en entrenamientos contrainsurgentes contra población desarmada, instalando una arquitectura del control para un sistema que reproduce la impunidad.
